| Extracto del fichero OCR | 22 LA VANGUARDIA
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MARTES, 15 OCTUBRE 2013
La talidomida no estaba indicada para
embarazadas, declara la farmacéutica
Juicio por las malformaciones atribuidas a un medicamento entre 1957y 1961
JOSÉ MARÍA BRUNET
Madrid
Un medicamento no puede sen-
tarse en el banquillo. Pero la em-
presa que lo fabricaba, si se le atri-
buyen graves daños para las per-
sonas, sí puede tener que respon-
der ante la justicia. Eso es lo que
sucedió ayer ante el juzgado de
primera instancia número 90 de
Madrid, con ocasión del juicio ci-
vil contra la sociedad alemana
Grünenthal, fabricante de la tali-
domida, un fármaco que empezó
a dispensarse en España en 1957
y que durante varios años habría
provocado efectos muy nocivos
en embarazadas y sobre todo en
sus hijos, consistentes en malfor-
maciones congénitas.
La administración del fármaco
pudo causar este tipo de graves
perjuicios para la salud de unas
3.000 personas. Ahora, la Asocia-
ción de Víctimas de la Talidomi-
da en España (Avite) pide en este
pleito un conjunto de indemniza-
ciones que alcanzan los 204 mi-
llones de euros, así como un reco-
nocimiento público de su error a
la empresa fabricante, y que pida
expresamente perdón a las perso-
nas perjudicadas.
El representante de Grünen-
thal, que en España distribuyó el
medicamento a través de su filial
Medinsa, manifestó ayer en la vis-
ta que el uso de la talidomida “no
estaba indicado para náuseas de
embarazadas”, pero en los pros-
pectos no se mencionaba esta cir-
cunstancia porque en aquellos
años “no había concienciación”
para este tipo de especificacio-
nes. Es decir, que no se informa-
ba al paciente de esas posibles
contraindicaciones. Lo que se co-
nocía entonces es que se trataba
de un calmante y que en teoría
podía ser útil para combatir di-
versos trastornos durante el em-
barazo, como los mareos.
Como han pasado muchos
años desde que el producto empe-
zó a comercializarse, es muy difí-
cil hacer cálculos certeros sobre
el número de afectados. Se esti-
ma que de todos ellos siguen con
vida entre 500 y 1.000, pero los
concernidos por la demanda que
ahora se juzga apenas superan la
veintena de personas. En todo ca-
so, los denunciantes creen que
El presidente de Avite, José Riquelme, junto al vicepresidente Rafael Basterrechea, ayer en el juzgado
Los fabricantes ofrecen ayudas
= La farmacéutica alemana
Grünenthal, productora de
la talidomida, aseguró ayer
que los afectados por este
compuesto en España siguen
teniendo la oportunidad de
solicitar las ayudas que con-
ceden la Fundación Conter-
gan y la Fundación Grünen-
thal Alemania que, según
dicen, les permitirá tener los
mismos beneficios económi-
cos que reciben los residen-
tes en Alemania. Así lo hace
constar en un comunicado
con motivo del juicio contra
esta compañía por la venta
de este fármaco, que causó
numerosas discapacidades
en recién nacidos. Las vícti-
mas acusan a la empresa de
haber recibido sólo una “pe-
queña ayuda” como indemni-
zación y le reclaman 204
millones de euros, 20.000
por cada punto porcentual
de minusvalía de los afecta-
dos. Grünenthal “lamenta
sinceramente” la tragedia de
la talidomida y reconoce que
siempre formará parte de la
historia de la compañía. No
obstante, ha recordado que
la empresa se preocupa por
los afectados a través de su
fundación en Alemania, que
ofrece beneficios económi-
cos a los que también pue-
den acceder las victimas resi-
dentes en España. La ayuda
depende de la situación de
cada afectado (grado de dis-
capacidad, cantidades ya reci-
bidas, etcétera). Sobre el jui-
cio, la empresa recordó que
los hechos ocurrieron hace
décadas y “la legitimidad de
cualquier procedimiento po-
dría verse seriamente com-
prometida por el lapso de
tanto tiempo”. La compañía
añadió que “por respeto a la
justicia” no hará más comen-
tarios hasta la sentencia.
las víctimas españolas han corri-
do peor suerte que las que el fár-
maco causó en Alemania, donde
la empresa fabricante sí desplegó
ayudas específicas en su momen-
to. El factor del tiempo transcu-
rrido ha tenido también todo que
ver con el hecho de que los efec-
tos del medicamento se estén en-
juiciando ahora.
Una de las afectadas, Luisa, na-
tural de Zaragoza, comentaba
ayer que no pudo explicarse las
causas de los problemas de salud
que padece hasta después de ha-
ber rebasado los 40 años. “Mi ma-
dre -dijo- siempre tuvo sobre sí
el sentimiento de culpa de lo que
me ocurría. Y murió sin saber la
verdad. Yo, a mi vez, me enteré
con 42 años de que lo mío no era
una malformación congénita”.
Luisa añadió que por mucho que
ahora puedan indemnizar a los
CERCA DE 3.000 AFECTADOS
Los perjudicados,
unidos por Avite,
piden 204 millones
de indemnización
EN EL PROSPECTO
Grünenthal: antes “no
había concienciación”
para incluir según qué
contraindicaciones
afectados, el daño moral que se
les ha causado “no se repara” con
ninguna percepción económica.
El presidente de Avite, José Ri-
quelme, manifestó a su vez que
“la lucha no es sólo por el dinero,
sino por el reconocimiento de la
enfermedad”. La tesis que defien-
den los demandantes en este plei-
to es que la empresa fabricante
no sólo tiene una responsabili-
dad objetiva en lo ocurrido, por
el hecho de haber comercializa-
do el producto causante de las
malformaciones, sino por haber-
lo mantenido en el mercado des-
pués de conocer perfectamente
los graves riesgos que suponía pa-
ra la salud de los pacientes.
La sociedad Grünenthal com-
bate esta tesis y sostiene que no
fue hasta 1961 cuando informes
médicos señalaron posibles efec-
tos secundarios de la talidomida,
tales como daños en vasos sanguí-
neos y músculos. El producto se
retiró del mercado en diciembre
de dicho año, según el represen-
tante de la citada sociedad farma-
céutica. Añadió que, en concreto,
fueron recuperados 90 kilos de
los 150 que se habían exportado a
España. Pero el resto dejó la este-
la de dolor que ahora se juzga.»
Las entidades de ciclistas ven el casco
injustificado en carretera y ciudad
Ó. MUÑOZ Barcelona________________
El debate sobre el uso del casco
por parte de los ciclistas se inten-
sifica. ConBici, coordinadora que
representa a 51 asociaciones de
usuarios de este este vehículo en
toda España, considera que los úl-
timos datos de accidentalidad
avalan su posición contraria a es-
te sistema de protección no sólo
en vías urbanas, en las que el Go-
bierno central quiere que sea obli-
gatorio, sino también en las inter-
urbanas, donde ya lo es.
Las cifras que maneja la direc-
ción general de Tráfico (DGT) in-
dican que siete de cada diez ciclis-
tas fallecidos en accidente de trá-
fico padecieron lesiones cerebra-
les (véase La Vanguardia del pa-
sado domingo). Y, alrededor de
uno de cada tres, no llevaba cas-
co cuando sufrió el siniestro. Aun-
que la mayoría de percances (el
72%) se produjo en zona urbana,
las carreteras concentraron la
mayor parte de las víctimas mor-
tales (53 de un total de 72) y de
los heridos graves (53%). La ra-
zón de este reparto es que en las
vías interurbanas los vehículos
motorizados que intervienen en
los accidentes con ciclistas -las
colisiones y los alcances son los
casos más habituales- van a más
velocidad y, en consecuencia, los
daños personales son mayores.
ConBici destaca que la mayo-
ría (tres cuartas partes) de los ac-
cidentes mortales ocurrieron en
carretera, “allí donde la DGT no
ve necesidad de medida alguna y
donde la obligatoriedad del casco
se ha demostrado escandalosa-
mente ineficaz”, manifestó la cita-
da entidad en un comunicado.
“Los ciclistas mueren atrope-
llados, arrollados por vehículos
de más de una tonelada -subraya
ConBici-. Los ciclistas no se
caen, los tiran. Un casco de plásti-
co no sirve para salvarles la vida.
No puede hacerlo”. Por ello, la
coordinadora exige que en el mo-
mento actual en que se están revi-
sando las normas “se elimine la
obligatoriedad en vías interurba-
nas”. Y sobre la extensión de la
medida a las ciudades, lamenta
que “la DGT incide más en las
medidas desproporcionadas de
autoprotección para los ciclistas
urbanos que en medidas globales
que incidan en todos los usuarios
de la vía, como reducir la veloci-
dad general de la circulación”.
La posición de la citada coordi-
nadora, que ya ha sido expuesta
en la comisión de Seguridad Vial
del Congreso de los Diputados,
es que, en vez de prevenir acci-
dentes, lo que busca la DGT es
frenar el crecimiento del uso de
la bicicleta. “La intención de pro-
hibir el uso de la bici sin casco
-asegura- muestra un evidente
cuadro de desincentivación del
tráfico ciclista”.» | |
